Gobierno ya ha reubicado a cientos de reclusos para evitar que sigan delinquiendo: “Una cárcel no puede convertirse en el centro de operaciones”
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El vocero de la Presidencia, Miller Soto, entregó detalles de la política integral que está implementando el presidente Abelardo de la Espriella para recuperar el control de los penales
Miller Soto, vocero del Gobierno nacional, dio a conocer un balance sobre las acciones que ha estado adelantando la administración del presidente Abelardo de la Espriella en materia de control carcelario y seguridad nacional.
De acuerdo con el funcionario, el nuevo Gobierno cambió la perspectiva desde la cual se ha estado analizando el funcionamiento de los penales en Colombia, incluyendo en el panorama otras problemáticas que van más allá del hacinamiento y las condiciones en las que miles de personas viven mientras están privadas de la libertad.
“Colombianos, una cárcel tiene que cumplir una función elemental. Quien está privado de la libertad no puede seguir dirigiendo el crimen desde adentro. Comenzamos. Durante demasiado tiempo Colombia discutió las cárceles casi siempre desde la perspectiva del hacinamiento, la infraestructura o las condiciones de reclusión. Pero hay una pregunta todavía más importante: ¿quién controla realmente una cárcel?”, indicó el vocero.
Según detalló, desde un establecimiento penitenciario, los reclusos pueden continuar delinquiendo. Tienen la capacidad de impartir órdenes, organizar extorsiones, coordinar homicidios o mantener redes criminales en las calles. En ese sentido, “el problema deja de ser exclusivamente penitenciario” y pasa a ser un asunto de seguridad nacional que debe ser abordado por el Gobierno.
Es por eso que el presidente De la Espriella ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) trasladar a cientos de personas privadas de la libertad, con el objetivo de impedir que continúen coordinando actividades criminales desde los penales. Esas personas ya fueron reubicadas y, entre ellas, hay 111 internos que fueron trasladados desde Itagüí. Además, se llevaron a cabo dos operaciones en Barranquilla que implicaron el traslado de 50 reclusos, aproximadamente.
Esas reubicaciones derivaron en una reducción de aproximadamente el 63% en los indicadores de criminalidad, según indicó Soto, citando al ministro de Justicia, Iván Cancino.
“El mensaje es muy simple: una cárcel no puede convertirse en el centro de operaciones de organizaciones criminales”, dijo.
De igual manera, indicó que el Gobierno está evaluando estrategias para cortar las comunicaciones ilegales desde las cárceles. También busca fortalecer los controles tecnológicos y afectar plataformas financieras que permiten que las órdenes que son impartidas desde los centros de reclusión sí se cumplan.
Las acciones que adelanta la administración en la materia también contemplan el objetivo de la resocialización. “No basta con encerrar, hay que evitar que quien salga vuelva a delinquir. Por eso, el Gobierno está planteando el fortalecimiento de las cárceles productivas, establecimientos donde el trabajo, la formación y la preparación para la vida en libertad hagan parte efectiva de ese proceso de resocialización”, precisó.
Es por eso que el Gobierno también está preparando un proyecto de ley de sometimiento a la justicia, que establece condiciones concretas para los criminales que se entreguen: verdad, entrega de armas, información sobre las estructuras y sus economías ilícitas, reparación a las víctimas, garantías de no repetición y entrega de los bienes adquiridos de manera ilícita.
“No contempla estatus político, mesas de diálogo ni zonas de concentración prolongada. La ruta sería judicial y estaría sometida a la ley y a la Constitución”, indicó.
De igual manera, advirtió que los criminales que se sometan a la justicia no quedarán libres. Eso quiere decir que las órdenes de captura y de extradición en su contra no se suspenderían. “El proyecto contempla que determinadas decisiones sobre beneficios estén condicionadas a la participación y al concepto de las víctimas dentro de las reglas que finalmente se aprueben en el Congreso”, detalló.
“Compatriotas, lo que está cambiando en las cárceles tiene que entenderse como una política integral. Control, para impedir que desde una celda se siga delinquiendo. Justicia, para quien ha cometido un delito. Sometimiento, para quien decida abandonar la criminalidad bajo las reglas que establece la ley. Y resocialización, para quien tenga que regresar algún día a la sociedad. La cárcel tiene que dejar de ser uno de los eslabones débiles del Estado”, añadió.
