IPS no podrán cubrir sus nóminas ni pagar a proveedores por carga tributaria: advierten a los ministros de Salud y Hacienda
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Según el comunicado oficial, el incremento del 2,4% en el impuesto de renta provocó una situación financiera insostenible en las entidades de salud, que enfrentan retrasos en sus ingresos por parte de las EPS
En una carta enviada a los titulares del Ministerio de Hacienda y de Salud —Germán Ávila Plazas y Guillermo Alfonso Jaramillo, respectivamente—, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) expresaron su inquietud frente al Decreto 572 de 2025, que eleva la tarifa de autorretención en el impuesto sobre la renta en un 2,4%, y advierten sobre la imposibilidad de sostener sus operaciones sin aplazar pagos esenciales.
Esta misiva fue presentada por el gremio Asociación Unión de IPS en Colombia (Unips), que agrupa cerca de 2.000 prestadoras de salud en todo el territorio nacional. La misiva, radicada el 14 de julio, advierte que este ajuste fiscal genera una imposibilidad de caja, comprometiendo el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras con su personal y proveedores.
De acuerdo con lo planteado en el comunicado oficial, la imposibilidad de las IPS para acceder a recursos suficientes en el corto plazo obliga a tomar decisiones administrativas que impactan directamente a los trabajadores del sector y a los proveedores de insumos y servicios, que se ven afectados por los aplazamientos en los pagos contractuales.
El documento advierte que este escenario pone en riesgo la operación general de estas instituciones, debilitando su capacidad para garantizar la atención en salud de manera continua.
Las IPS argumentan que ya habían puesto sobre la mesa esta inquietud en una sesión técnica desarrollada con la Comisión Tercera del Senado de la República el 24 de junio. Allí, aseguran que los delegados del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Salud expresaron disposición para evaluar modificaciones al Decreto 572.
Las entidades prestadoras insisten en que esta promesa de revisión se concrete cuanto antes, teniendo en cuenta el impacto fiscal que representa el aumento impositivo.
Uno de los apartados más enfáticos del comunicado señala que “la declaración y pago del impuesto de renta con el incremento del 2,4%, establecido en el decreto 572 de 2025 del Ministerio de Hacienda, obliga a las IPS ante la imposibilidad de caja, a tener que aplazar pagos a talento humano y proveedores, por la no disponibilidad de recursos económicos para poder garantizar la operación”.
Esta afirmación no solo refleja la afectación directa a la sostenibilidad financiera de las IPS, debido a que ilustra cómo esta situación puede deteriorar la prestación del servicio de salud al público.
El llamado de alerta no se centra únicamente en la carga tributaria adicional, sino en el deterioro progresivo de la cartera por el no pago oportuno de entidades responsables, entre ellas las Entidades Promotoras de Salud (EPS).
Según el comunicado, la acumulación de deudas por parte de estas últimas limita la capacidad de las IPS para responder a sus compromisos fiscales y operacionales. La consecuencia directa, afirman, es la disminución de la oferta de servicios y el cierre, temporal o definitivo, de puntos de atención.
De igual manera, se hace alusión al calendario fiscal establecido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), que estipula la presentación de la declaración correspondiente a junio de 2025, demás del reporte entre el 9 y el 22 de julio.
Las IPS explican que cumplir con esta obligación tributaria sin un ajuste al decreto implica destinar fondos que actualmente no poseen, dado el rezago en los pagos por parte de las EPS y otras fuentes de financiación. La falta de liquidez para atender este impuesto tiene efectos inmediatos sobre la cadena de pagos internos, interrumpiendo el flujo hacia empleados, especialistas, personal operativo y contratistas del sector salud.
El documento enviado concluye con una solicitud reiterada al Gobierno nacional para revisar y ajustar el Decreto 572, considerando que las IPS no cuentan con los recursos necesarios para afrontar dicho pago sin comprometer la estabilidad de su operación.
Afirman que exigir el cumplimiento tributario en las condiciones actuales equivale a “obligar al aplazamiento de pagos al talento humano y proveedores”, con las consecuencias que esto conlleva para la atención a los usuarios.
