LA CORTE YA TUMBÓ LA TEORÍA DE LEYVA Y MONTEALEGRE PARA LA CONSTITUYENTE

En los últimos días ha habido revuelo en el mundo político por la afirmación del ex Canciller Álvaro Leyva de que, en cumplimiento del Acuerdo de Paz con las Farc, el presidente podría convocar por decreto una Asamblea Constituyente. Una idea ratificada por Gustavo Petro y avalada por el ex fiscal general, Eduardo Montealegre.

Es una idea que Leyva como Montealegre llevan promoviendo desde 2016, y desde entonces fue derrotada por la Corte Constitucional en varias sentencias. Sin piso jurídico, y con arandelas como la reelección de Gustavo Petro, la propuesta apunta más a ser una cortina de humo para distraer de los problemas que enfrenta el gobierno de Gustavo Petro.

El nuevo globo constituyente pegado al acuerdo con las Farc

En el programa 6AM de Caracol Radio, el exfiscal aseguró que la propuesta de convocar por decreto una constituyente “para extender, entre otros motivos, su mandato presidencial” es totalmente “legítima”.

“La declaración unilateral de Estado, según la Convención de Viena, obliga a las partes a cumplir lo acordado y a ajustar la normatividad interna para garantizar el cumplimiento. Nos quedan tres tareas: Leer la convención de Viena, leer el acuerdo de Paz y cumplir”, dijo Montealegre en otra entrevista de su gira de medios.

Según él, el Congreso está “bloqueado” para sacar adelante las reformas que desarrollan el Acuerdo de Paz. Y “si el Congreso no cumple con esos desarrollos en Colombia, incurre en responsabilidad internacional. Por esta razón, la única salida es la asamblea constituyente, ¡ya!”.

En la misma línea, unos días antes el excanciller Leyva había dicho que el Acuerdo de Paz con las Farc habilita a Petro para convocar la Asamblea Constituyente cuando quiera, sin necesidad de pasar por el Congreso.

Lo justifica en un párrafo del Acuerdo con las Farc que dice que para consolidar aún más las bases de la paz “se convocará a todos los partidos, movimientos políticos y sociales y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran acuerdo político nacional”.

Para Leyva, ese acuerdo político equivale a una Asamblea Constituyente, y como una resolución de la ONU avaló el Acuerdo de Paz, eso prima sobre el mecanismo establecido en la Constitución porque entra al bloque de constitucionalidad.

El viernes el presidente Petro dijo en el Cauca que, en efecto, el Acuerdo de Paz “tiene esa fuerza” que describió su excanciller. Aunque ayer aclaró que no tiene pensado “cerrar” el Congreso, que es el punto que ya iba la especulación.

A pesar del alboroto que han generado estas interpretaciones —aunque los principales negociadores por parte del gobierno Santos e incluso de las Farc han negado ese alcance– la realidad es que la Corte Constitucional se ha pronunciado tres veces respecto de estas ideas que desde 2016 promueven Leyva y Montealegre. Nunca les ha dado la razón.

Los tres strikes en la Corte Constitucional

En 2016, desde la Fiscalía General, Montealegre demandó ante la Corte la expresión “acuerdo” contenida en el Acuerdo de Paz y pidió que se entendiera como un “acuerdo especial”, que por su naturaleza hace parte del bloque de constitucionalidad como los tratados de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario que entran al ordenamiento jurídico de manera automática.

Es básicamente el argumento que defienden con Leyva nuevamente.

Leyva, como asesor jurídico de las Farc, ya llevaba meses con esa idea en la mesa de negociación. Pero como contó la semana pasada el abogado principal de las Farc, Diego Martínez, esa tesis también fue derrotada en la mesa de la Habana.

El argumento jurídico de Montealegre en esa época, como ahora, era que el Acuerdo de Paz es un acuerdo internacional porque le crea obligaciones al Estado y a la guerrilla de derecho internacional humanitario al buscar ponerle fin al conflicto.

En esa oportunidad, la Corte se inhibió de fallar porque el acuerdo firmado con las Farc no era una ley y, por lo tanto, carecía de competencia. Pero, en todo caso, remitió a su posición en la sentencia C-379 de 2016 donde se pronunció sobre la ley estatutaria que regulaba el plebiscito especial para la paz. En esa sentencia estableció que “los acuerdos que se celebran en desarrollo de un proceso de paz son de naturaleza política”.  Lo repitió por tercera vez en la sentencia sobre el acto legislativo 02 de 2017.

Es decir, el Acuerdo de Paz por sí mismo no tiene un efecto jurídico automático, sino que requiere que ese mandato político se traduzca en normas que apruebe el Congreso. De ahí que una vez aprobado el Acuerdo de Paz, se sacara un ambicioso paquete de reformas legislativas para crear la JEP, la jurisdicción agraria, etc.

En ese sentido, la Corte coincidió con lo que en su momento dijo ante la Corte el presidente Santos, en su intervención antes de que fallara: “el acuerdo general y el posible acuerdo final son de carácter eminentemente político. El contenido y la autoridad responsable de suscribirlos evidencian que los acuerdos de paz por sí solos no son normas jurídicas autoejecutables y, por tanto, el carácter normativo de los acuerdos de paz solo puede darse una vez se surta un procedimiento en democracia que permita dotarlos de esa característica.”

Esa posición de la Presidencia en 2016 coincidió con los conceptos del centro de pensamiento jurídico de izquierda, Dejusticia, con la Academia Colombiana de Jurisprudencia, y las facultades de derecho de la Javeriana, el Rosario y el Externado, entre muchos otros juristas que participaron en las audiencias de la Corte.

Entonces, por lo menos constitucionalmente, el tema sobre el alcance del Acuerdo de Paz está cerrado. Que los mismos protagonistas de antes lo reabran ahora no parecería que pueda cambiar el precedente de la Corte Constitucional.

Lo que sí consigue es cambiar el foco de atención en un momento en que los escándalos asedian al gobierno con las confesiones del exdirector de la Ungrd de que compraron a congresistas para aprobar las reformas de la seguridad social; la investigación por presunta financiación ilegal de la campaña del presidente que avanza en el CNE; y la debacle del sistema de salud.

LA SILLA VACÍA