Procuraduría pide investigar a 13 exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro por irregularidades y crisis financiera en la Nueva EPS
- Colombia Córdoba Editoriales Montería Política
El Pulso del Tiempo
- 0
- 16 minutes read
La solicitud disciplinaria incluye al exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo junto con Daniel Quintero y Jorge Iván Ospina Gómez, para establecer si su actuación en la rectoría y el control del sistema influyó en la crisis de la entidad
La Procuraduría General de la Nación solicitó abrir investigaciones contra 13 exfuncionarios vinculados con el gobierno de Gustavo Petro y con la intervención de la Nueva EPS, ante posibles faltas relacionadas con el deterioro financiero, administrativo y operativo de la entidad, que concentra a millones de afiliados en Colombia.
Entre las personas bajo revisión figuran el exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, el exsuperintendente nacional de Salud Daniel Quintero y el exagente especial interventor de la aseguradora Jorge Iván Ospina Gómez. El Ministerio Público busca determinar si decisiones, omisiones o fallas en las tareas de control, vigilancia e intervención incidieron en el agravamiento de los problemas de atención y sostenibilidad de la EPS.
El caso se apoya en un informe que, según la información conocida, expone el deterioro de la entidad tras casi dos años de intervención forzosa administrativa. La Procuraduría considera que las medidas adoptadas no acreditan resultados suficientes en dos frentes: el acceso efectivo de los usuarios a los servicios médicos y la recuperación de las finanzas de la compañía.
La Procuraduría pidió indagar a 13 exfuncionarios por el manejo de la entidad
La solicitud de investigación disciplinaria abarca a 13 exfuncionarios. Entre ellos hay siete exsuperintendentes de Salud, cinco agentes interventores y el exministro Jaramillo, que encabezó el Ministerio de Salud y Protección Social durante el período bajo revisión.
El documento plantea posibles responsabilidades en tres niveles. El primero corresponde a quienes estuvieron al frente de la Nueva EPS durante la intervención. El segundo involucra a la Superintendencia Nacional de Salud, responsable de seleccionar y vigilar a los agentes especiales interventores. El tercero se relaciona con el Ministerio de Salud, que ejerce la rectoría sobre el sistema sanitario colombiano.
La investigación pretende establecer si las decisiones administrativas y las actuaciones de los organismos encargados de supervisar la entidad respondieron de forma adecuada a las alertas sobre el crecimiento de las deudas, el atraso en los pagos a prestadores y las dificultades de los pacientes para recibir medicamentos, procedimientos y consultas.
El informe también advierte sobre anticipos sin legalizar por más de $17 billones, una cifra que se suma a los pasivos y compromisos acumulados por la aseguradora. El análisis de esos recursos hará parte de las verificaciones que deberá desarrollar el ente de control junto con otras instituciones estatales.
Las quejas de los usuarios casi se duplicaron entre 2023 y 2025
Uno de los indicadores que concentra la atención de la Procuraduría es el aumento de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, conocidas como Pqrs. La cifra pasó de 451.000 en 2023 a cerca de 935.000 en 2025.
Durante el primer trimestre de 2026, la Nueva EPS acumuló 216.308 Pqrs. Más de la mitad permanecía sin respuesta, de acuerdo con los datos recopilados por el Ministerio Público. Para la entidad de control, el volumen de solicitudes pendientes demuestra que ese mecanismo dejó de ser una vía efectiva para que los afiliados solucionen problemas de acceso a la atención.
Las principales inconformidades se concentraron en la entrega de fármacos y en las barreras para acceder a consultas especializadas. En los primeros tres meses del año se registraron 48.178 reclamos abiertos por falta de medicamentos y otros 26.700 por obstáculos para conseguir citas con especialistas.
La situación afecta de manera particular a personas con enfermedades crónicas, pacientes de alto costo y usuarios que requieren tratamientos continuos. El documento de la Procuraduría señala que la interrupción o el retraso en esos servicios puede profundizar la vulnerabilidad de quienes dependen de la red de atención de la EPS.
Las tutelas reflejan la presión sobre la Nueva EPS
El frente judicial también muestra la dimensión de la crisis. En el primer trimestre de 2026 se presentaron 40.668 acciones de tutela contra la entidad y 31.588 permanecían abiertas.
El incremento representa un cambio frente a los registros de años anteriores. La Procuraduría contrastó las cifras con el promedio de 2023, cuando se interponían cerca de 5.000 tutelas, mientras que en los primeros meses de 2026 el promedio se acercó a 13.000.
En los últimos siete meses del gobierno de Gustavo Petro, la entidad recibió 76.279 tutelas, equivalente al 11,5% del total de demandas dirigidas contra las entidades prestadoras de salud, según la información aportada. Con ese resultado, la Nueva EPS quedó como la aseguradora con mayor número de procesos judiciales de este tipo en el país.
La Corte Suprema de Justicia ordenó a la Presidencia de la República y al Ministerio de Salud presentar, en un plazo máximo de 60 días, un plan institucional para atender los incumplimientos de fallos de tutela atribuidos a la Nueva EPS.
La orden estableció que el plan debía incluir medidas concretas para avanzar en el cumplimiento de las decisiones judiciales pendientes. Además, la Corte pidió priorizar a quienes se encuentren en grave e inminente riesgo y a los sujetos de especial protección constitucional.
El patrimonio negativo proyectado supera los $11,9 billones
El deterioro en la atención a los afiliados se cruza con las dificultades financieras de la compañía. La Procuraduría reportó un patrimonio negativo proyectado de $11,94 billones, un saldo que compromete la estabilidad de la entidad.
A ello se añade un rezago de 12,98 millones de facturas por un valor superior a $13,5 billones. Esa acumulación afecta la relación de la EPS con hospitales, clínicas, laboratorios, proveedores de medicamentos y otros prestadores que integran su red de atención.
El informe señala que las condiciones financieras y operativas se deterioraron desde la aplicación de la medida de intervención estatal. La investigación disciplinaria deberá precisar el alcance de las decisiones adoptadas por los interventores y la respuesta de las entidades que tenían deberes de supervisión.
