Entre las negociaciones que podrían verse afectadas está la de Sandra Ortiz, una de las principales implicadas y quien desde hace meses busca un acuerdo judicial.
Unos días atrás, un juez de la República adoptó una decisión sin precedentes en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd): rechazó el preacuerdo alcanzado entre Olmedo López, exdirector de la entidad y testigo clave del caso, y la Fiscalía General de la Nación. La determinación judicial, que va mucho más allá de una mera disquisición jurídica, encendió las alarmas sobre el posible efecto dominó que podría generar esta reversa en el corazón de la estrategia de colaboración con el ente acusador.
En el caso concreto, López aceptaba su responsabilidad a cambio de una pena reducida. Sin embargo, el juez consideró desproporcionada la sanción pactada y no dudó en calificarla de “irrisoria”, advirtiendo que los hechos, corrupción sistemática y desviación de recursos públicos, exigían una respuesta penal mucho más severa.
“La Fiscalía parte de una pena considerable para un monto inferior y luego propone un aumento casi simbólico para los peculados adicionales que suman más de $25.000 millones”, argumentó el juez durante la audiencia. A su juicio, con ese tipo de acuerdos se “desconoce flagrantemente el principio de proporcionalidad de las penas”.
Más allá del rechazo puntual, lo que verdaderamente sorprendió fue la severidad del pronunciamiento. El juez no solo desestimó el acuerdo procesal, una herramienta común en la justicia penal, sino que cuestionó de fondo lo que parecía una estrategia orientada a asegurar testimonios a bajo costo, sin exigir una retribución judicial proporcional a la magnitud del daño. Según su análisis, la colaboración con la justicia no puede traducirse en beneficios automáticos.
El impacto fue inmediato. La decisión no solo truncó el acuerdo de López, sino que agitó las aguas entre quienes hoy están en proceso de negociación con la Fiscalía. En sectores judiciales se empezó a hablar de un posible “efecto dominó” que podría comprometer gravemente el avance de los demás preacuerdos.
Uno de los casos más sensibles es el de la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, quien desde hace varios meses intenta concretar un acuerdo judicial que le permita eludir una pena privativa de la libertad. Ortiz enfrenta cargos por, presuntamente, haber fungido como intermediaria entre el Gobierno y el Congreso para facilitar el pago de sobornos destinados a consolidar la gobernabilidad legislativa.
En el expediente se afirma que Ortiz habría utilizado su cercanía con el entonces presidente del Senado, Iván Name, para ofrecerle un soborno de $3.000 millones a cambio de su respaldo, o al menos, su neutralidad, en el trámite de las reformas impulsadas por el Gobierno Petro. Para la Red de Veedurías Ciudadanas, su testimonio es clave, pues podría comprometer directamente al entonces director del Dapre, Carlos Ramón González, señalado como otro de los posibles articuladores del esquema de corrupción.
Otro proceso que podría verse afectado es el del exsubdirector de conocimiento de la Ungrd, Luis Carlos Barreto Gantiva. La Fiscalía negocia con él un preacuerdo que contempla una pena de 3 años, 13 meses y 7 días de cárcel, a cambio de información relevante sobre la recuperación de $100.000 millones de un convenio entre la Ungrd y la Agencia Nacional de Tierras. La misma lógica judicial que truncó el acuerdo con López podría aplicarse a este caso, debilitando así el flujo de información crucial para llegar a otros responsables.
Más preocupante aún, según ha denunciado la Red de Veedurías, es la posibilidad de que desde dentro de la propia Fiscalía se estén saboteando los procesos de colaboración. El hecho de que el ente acusador no apelara la decisión del juez, dejando que fuera únicamente el defensor de López, José Luis Moreno, quien lo hiciera, ha sido interpretado como una señal de escasa voluntad institucional para defender sus acuerdos.
“El fallo desconoce la esencia de la justicia premial. Este es el test de ponderación para llegar a los máximos responsables. Pretenden aumentar la pena a pesar de las declaraciones que derivaron de su colaboración. Se impide llegar a la verdad. Hay que ver más allá del expediente: López aceptó su responsabilidad con arrepentimiento”, sostuvo el abogado defensor durante la audiencia.
Las repercusiones podrían ir aún más lejos. Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías, advirtió que si otros implicados, como César Manrique, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, quien próximamente sería imputado, deciden no colaborar, podría cerrarse la posibilidad de conocer a fondo el origen y la estructura del escándalo, considerado uno de los más graves del actual Gobierno. Manrique, según la investigación, habría coordinado la entrega irregular de contratos en municipios de Córdoba, Arauca y Bolívar para favorecer a congresistas de la Comisión Tercera de Hacienda.
El rechazo del preacuerdo con López no solo marca un punto de inflexión en la gestión de este proceso judicial, sino que plantea interrogantes estructurales sobre el equilibrio entre verdad, justicia y proporcionalidad en el combate a la corrupción.
Carlos Ramón, “el pez gordo”
Un caso clave es el del exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, a quien la Fiscalía señala como uno de los líderes de la estructura criminal que desvió recursos públicos en el escándalo de la Ungrd.
Al igual que Sandra Ortiz, quien inicialmente negó cualquier participación antes de ser enviada a prisión, González ha rechazado toda vinculación con los hechos. Ortiz, sin embargo, cambió de postura una vez privada de la libertad y decidió colaborar con las autoridades. Hasta ahora, se desconoce cuál será la estrategia jurídica del exalto funcionario y hombre cercano al presidente Gustavo Petro.
No hay indicios de que esté negociando con la justicia y, según Pablo Bustos, el reciente revés judicial al preacuerdo de Olmedo López podría enfriar aún más cualquier posibilidad de cooperación por parte de González.
Imputación a Carlos Ramón González
La Fiscalía imputó a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, lavado de activos y peculado por apropiación en favor de terceros.
Durante una audiencia virtual ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, González se declaró inocente y calificó los señalamientos como “calumnias sin fundamento”. Sin revelar su paradero, negó cualquier participación en los hechos que le atribuye la Fiscalía.
El Tribunal fijó para el próximo 6 de junio la audiencia en la que se definirá si se le impone una medida de aseguramiento.
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