Benedetti calificó como “secuestro” la toma del Ministerio del Interior y denunció retención de 1.200 personas
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El ministro aseguró que la ocupación fue violenta, con armas blancas y ataques a funcionarios, y señaló que la crisis refleja divisiones internas en la comunidad emberá y dificultades en el diálogo
Una jornada de alta tensión se vivió en el Ministerio del Interior tras la irrupción de integrantes de la comunidad indígena embera, que derivó en bloqueos, disturbios y la retención de funcionarios dentro de la sede. El ministro Armando Benedetti se pronunció al cierre del día y calificó lo ocurrido como un hecho “demasiado violento”, al tiempo que aseguró que cerca de 1.200 personas permanecieron retenidas durante varias horas.
“Se tomaron las instalaciones del Ministerio del Interior de forma violenta, con palos, cuchillos, machetes (…) retuvieron, sin exagerar, 1.200 personas durante todo el día”, afirmó el jefe de la cartera en diálogo con Noticias Caracol. Según explicó, la situación se vio agravada por divisiones internas dentro de la comunidad embera, con al menos dos grupos enfrentados, uno de los cuales —dijo— protagonizó los hechos más agresivos. “Hay un grupo más violento que dice representar a la mayoría, pero que desconoce a otros que también están en Bogotá”, señaló.
El ministro insistió en que lo sucedido constituye un “secuestro” debido a las condiciones en las que se produjo la retención. “Es un secuestro cuando hacen ese tipo de acciones con violencia (…) había personas que no podían ni salir a almorzar”, sostuvo. Además, relató que durante la jornada algunos manifestantes lanzaron piedras e incluso arrancaron ladrillos del espacio público para agredir tanto a quienes intentaban salir como a la fuerza pública.
Pese a la gravedad de los hechos, Benedetti aseguró que no hubo heridos y destacó la intervención de la Policía, particularmente de la Undmo, que,según dijo— actuó sin recurrir a la fuerza. “Lo único que se hizo fue garantizar la salida de las personas que estaban retenidas”, explicó, señalando que la prioridad fue evitar una escalada mayor del conflicto.
Detrás de la protesta, según el funcionario, está la exigencia de instalar una mesa de negociación directa con el Gobierno. Sin embargo, advirtió que ese proceso se ha visto obstaculizado por las divisiones internas y por lo que calificó como actos de sabotaje. “Se les ha ayudado con el retorno a sus territorios, pero a los tres o cuatro meses vuelven a Bogotá”, afirmó, al tiempo que indicó que se han destinado “decenas de miles de millones de pesos” en ayudas, incluyendo subsidios, programas para la niñez y apoyo para proyectos productivos.
El trasfondo del conflicto no es nuevo. La comunidad embera ha denunciado en repetidas ocasiones incumplimientos del Estado en materia de tierras, vivienda y condiciones dignas de retorno. Frente a esto, Benedetti reconoció que se trata de “una situación bastante difícil” y reiteró que, pese a los episodios de violencia, la salida no será por la vía de la fuerza. “Usarla sería desmedido y hasta falta de piedad”, dijo.
No obstante, también dejó claro que la instalación de una mesa de diálogo no es inminente. “Es una forma bastante violenta de reclamar una mesa de negociación que por ahora no se va a instalar”, afirmó. Aun así, aseguró que el Gobierno continuará buscando canales de conversación para atender las demandas de la comunidad.
En un comunicado oficial, el Ministerio del Interior entregó una versión más amplia sobre el trasfondo de la protesta y las gestiones adelantadas en las últimas semanas. Según la entidad, desde hace al menos 15 días se venían desarrollando mesas de trabajo con familias embera katío asentadas en la UPI La Florida, en las que participaron tanto el Gobierno nacional como el distrital para abordar temas como infancia, ayudas humanitarias, retorno y alternativas de reubicación. Sin embargo, en el transcurso de los encuentros —realizados entre el 16 y el 21 de abril— las demandas fueron cambiando y terminaron concentrándose en la exigencia de un nuevo albergue.
El ministerio señaló que, frente a esa solicitud, se plantearon opciones viables dentro de los tiempos institucionales, incluyendo la posibilidad de gestionar inmuebles a través de la SAE, un proceso que podría tardar entre tres y seis meses. Esta propuesta fue rechazada por algunos voceros de la comunidad, quienes exigían soluciones inmediatas.
De acuerdo con el comunicado, tras la ruptura del diálogo el 28 de abril, se reactivaron los bloqueos y al día siguiente se sumaron otros grupos, lo que intensificó la situación. El Gobierno insistió en que se han mantenido canales abiertos de diálogo y expresó preocupación por las condiciones en las que permanecen niños y niñas durante las protestas.
