Ministerio de Defensa reportó déficit de $960.000 millones en la salud de la fuerza pública: deuda puso en jaque la atención de uniformados
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La cartera atribuyó el faltante a cuentas pendientes por atenciones médicas y a convenios con prestadores externos para militares, policías y beneficiarios, con obligaciones calculadas al 31 de diciembre de 2026
El Ministerio de Defensa reportó un déficit de aproximadamente $960.000 millones en el sistema de sanidad de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, una cifra que corresponde a obligaciones pendientes proyectadas al 31 de diciembre de 2026.
El faltante fue revelado en una carta del Ministerio de Defensa remitida durante un debate de control político de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. El documento identifica el déficit como una necesidad prioritaria de funcionamiento y señala que las obligaciones pendientes provienen, sobre todo, de la prestación de servicios de salud y de la contratación de la red externa.
La Comisión Segunda convocó a la cartera y a los altos mandos militares para revisar el presupuesto previsto para Defensa en 2027 y la distribución de recursos entre gastos de funcionamiento y de inversión. La discusión se produjo después de que las comisiones económicas del Congreso aprobaran un presupuesto nacional de $634,9 billones.
Según la información debatida en la Cámara de Representantes, los congresistas expresaron preocupación por una reducción cercana a $40 billones en los recursos del sector Defensa. De acuerdo con las intervenciones durante la sesión, ese escenario podría afectar capacidades operativas de las Fuerzas Militares, como las horas de vuelo de las aeronaves.
El representante por Antioquia Simón Molina pidió aumentar los recursos para responder a la actividad criminal. “Hagamos un frente común para exigirle al ministro de Hacienda que ponga más recursos para esta cartera”, afirmó durante el debate.
La representante por Cundinamarca Maritza Álvarez Barrera, del partido Mira, solicitó ampliar el pie de fuerza en su departamento y destacó que el bienestar de los miembros de la fuerza pública debe seguir entre las prioridades. La congresista Diana Riveros, por su parte, cuestionó que el debate se realizara después de que el monto del presupuesto nacional ya estaba definido.
Un sistema que atiende a militares, policías y sus familias
La carta del ministerio explica que el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional es un régimen administrativo especial. Su función es prestar el servicio público de salud a afiliados y beneficiarios, además de atender las necesidades sanitarias propias de las operaciones militares y policiales.
Esto incluye atención en promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación. El sistema cubre, entre otros aspectos, las consultas, tratamientos, medicamentos, procedimientos médicos, insumos, dispositivos y tecnologías en salud que requieren los integrantes de la fuerza pública y las personas beneficiarias.
La financiación proviene principalmente de recursos del Presupuesto General de la Nación, aportes y cotizaciones obligatorias de los afiliados, recursos propios e ingresos obtenidos por la prestación de servicios. Con esas fuentes se debe financiar tanto la atención de pacientes como la operación de los establecimientos de sanidad militar y policial.
El ministerio indicó que los recursos también cubren gastos de personal asistencial y administrativo, mantenimiento de instalaciones, funcionamiento de la red propia, contratación con prestadores externos, infraestructura y sistemas de información. La carta señala que el crecimiento de la demanda, el costo de los medicamentos y procedimientos, las enfermedades de alto costo y las contrataciones externas han aumentado la presión sobre el presupuesto.
Por eso, el déficit de $960.000 millones no representa únicamente una falta de recursos futuros. Se refiere a una deuda proyectada por las obligaciones ya generadas o previstas que deben ser cubiertas para mantener los servicios médicos y los contratos necesarios para atender a la población afiliada.
“El déficit priorizado en funcionamiento asociado a las sanidades” refleja compromisos pendientes, principalmente por atención en salud y por contratos con la red externa, precisó el ministerio en su respuesta. En términos prácticos, se trata de recursos que el sistema necesitaría para cubrir deudas vinculadas con la atención médica y los contratos con hospitales, clínicas y otros prestadores externos.
Ejecución presupuestal y necesidades de inversión
La carta reportó una ejecución de 68% en compromisos, 60% en obligaciones y 60% en pagos. Los compromisos corresponden a recursos que ya fueron asignados a contratos u otras obligaciones; las obligaciones reflejan servicios o bienes que ya deben pagarse, mientras que los pagos son los desembolsos realizados.
La información conocida por la Comisión Segunda generó inquietudes entre los congresistas por el estado financiero de las entidades del sector. Según lo expuesto en la sesión, parte de los recursos comprometidos corresponde a obligaciones adquiridas anteriormente, aunque la carta no atribuye de forma específica el déficit a una administración determinada.
Además del faltante para el funcionamiento, el ministerio identificó necesidades de inversión sin financiación. La Dirección General de Sanidad Militar requiere $3.077 millones y la Policía Nacional-Salud necesita $3.804 millones para cubrir inversiones pendientes.
La cartera también informó que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares solicitó una adición presupuestal para gastos de funcionamiento. Frente a esa petición, se adelantó una gestión de modificación presupuestal ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público por $22.606 millones, destinados principalmente a gastos de personal y operación.
La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, a su vez, reportó un déficit presupuestal sustentado de $809.911.989.322. El ministerio planteó que buscará recursos adicionales, priorizará las obligaciones críticas, reforzará el seguimiento de los pasivos y evitará nuevas obligaciones que no cuenten con respaldo presupuestal.
