Ministro Jorge Mora defendió las operaciones militares y aseguró que se ejecutan dentro de la ley y el Derecho Internacional Humanitario
- Colombia Córdoba Editoriales Montería Política
El Pulso del Tiempo
- 0
- 15 minutes read
El jefe de la cartera de Defensa sostuvo que los procedimientos contra grupos armados pasan por controles de inteligencia, verificación y evaluación de riesgos, en medio de tutelas por bombardeos que dejaron menores de edad muertos
El ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, defendió las actuaciones de la fuerza pública y afirmó que todas las operaciones militares se ejecutan con responsabilidad, dentro de la ley y conforme al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Su pronunciamiento se produjo en medio de las acciones judiciales que cuestionan bombardeos recientes contra grupos armados en Catatumbo y Guaviare, donde murieron varios menores de edad.
“La Fuerza Pública actúa con contundencia, responsabilidad y dentro de la ley. Cada operación se planea con inteligencia, respetando el Derecho Internacional Humanitario, las alertas tempranas, las comunidades protegidas, las zonas restringidas y las condiciones del territorio”, escribió el jefe de la cartera de Defensa el 20 de septiembre en su cuenta de X.
Mora añadió que la autoridad estatal se aplica para proteger a la población y enfrentar las amenazas de los grupos armados. “Sin improvisaciones, sin extralimitarse y con el objetivo prioritario de defender a los colombianos”, señaló el ministro.
Mora dijo que las operaciones consideran alertas, comunidades y zonas restringidas
Durante un debate de control político, el ministro explicó que los mandos militares tienen en cuenta las alertas tempranas, aunque indicó que esos documentos no suelen aportar coordenadas específicas para definir objetivos operacionales.
“Las alertas tempranas e informaciones que hay permanentemente se consultan, pero es que ninguna establece coordenadas exactas. Son muy amplias, de kilómetros, cientos de kilómetros”, afirmó Mora.
El funcionario indicó que en el país existen 369 alertas tempranas, además de comunidades bajo protección y zonas con restricciones particulares. Según dijo, esos factores condicionan las operaciones de la fuerza pública y reducen el margen para emplear acciones de alto impacto contra organizaciones armadas.
Aun así, sostuvo que dichas limitaciones no excluyen las operaciones contra los grupos que el Gobierno identifica como amenazas. El ministro remarcó que el Derecho Internacional Humanitario forma parte del bloque de constitucionalidad y que su aplicación no se reduce a los bombardeos.
“Todas las operaciones, no solo los bombardeos, los ametrallamientos, las acciones de los tiradores de alta precisión, los combates de encuentro, las emboscadas, todas las maniobras y acciones, medios y métodos que cumplimos para atacar a los terroristas hacen parte de lo que el DIH nos permite hacer”, manifestó.
Tres bombardeos abrieron la discusión por la muerte de menores de edad
La defensa del ministro ocurre después de una secuencia de bombardeos ordenados en las primeras semanas de la administración del presidente Abelardo de la Espriella, que asumió el 7 de agosto de 2026.
El 10 de agosto, un bombardeo contra el ELN en el Catatumbo dejó muerto a un menor de 16 años, según información de la Defensoría del Pueblo. El caso abrió cuestionamientos sobre las precauciones aplicadas en ataques contra campamentos donde podrían encontrarse niños y adolescentes reclutados por organizaciones armadas.
17 días después, el 27 de agosto, la denominada Operación Amón atacó un campamento de una disidencia de las Farc bajo el mando de alias Calarcá, en El Retorno, Guaviare. El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó la muerte de tres menores de edad: dos adolescentes de 15 años y uno de 16.
El 30 de agosto ocurrió un tercer bombardeo en Guaviare, dirigido contra una estructura atribuida a la disidencia de alias Iván Mordisco. Dos personas recuperadas tras la operación manifestaron ser menores de edad.
El debate judicial sobre los bombardeos se suma a otras decisiones que han frenado o limitado iniciativas de Abelardo de la Espriella en seguridad y política antidrogas, tras su llegada a la Presidencia.
Además de las órdenes relacionadas con operaciones militares, un juzgado suspendió de manera cautelar el plan piloto de fumigación aérea de cultivos ilícitos y otro ordenó retirar temporalmente de las redes oficiales videos en los que el mandatario aparecía cerca de cuerpos de presuntos disidentes abatidos.
Un juzgado levantó la suspensión, pero impuso condiciones para futuros ataques
El abogado Ower Jimmy Borda Parra presentó una tutela ante un juzgado de familia de Bogotá para pedir la suspensión de bombardeos en zonas donde pudiera haber niños reclutados. En una decisión inicial, el despacho ordenó detener esas operaciones.
El Gobierno intentó revertir la medida y, el 16 de septiembre, el Juzgado 34 de Familia de Bogotá levantó la suspensión. Sin embargo, la decisión estableció cinco condiciones que reforzaron las obligaciones de verificación antes de autorizar nuevos ataques.
Tutelas similares llegaron a despachos judiciales de San José del Guaviare, Cúcuta y Popayán, con solicitudes y alcances distintos. La diversidad de decisiones abrió una discusión sobre el efecto nacional que puede tener el fallo emitido en Bogotá frente a las determinaciones de jueces en otras regiones.
